11/06/2025
¿Qué está en juego en el caso de los aranceles ante la Corte Suprema?
La Corte Suprema de Estados Unidos evaluará hasta dónde llegan los poderes presidenciales de emergencia al revisar si el presidente puede utilizar la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) para imponer aranceles globales sin autorización del Congreso. El resultado de este caso podría transformar la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo, y redefinir la separación de poderes establecida por la Constitución.
Contexto del caso
El conflicto surge tras una serie de acciones del expresidente Donald Trump, quien declaró varias emergencias nacionales para imponer aranceles sobre Canadá, México y China, y posteriormente un arancel global del 10%, además de aranceles “recíprocos” de hasta 50% a ciertos países y corporaciones. Todas estas medidas se justificaron como respuesta a una “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional, la economía y la política exterior.
Empresas y gobiernos estatales iniciaron múltiples demandas federales argumentando que estas medidas no constituyen una verdadera emergencia y que la IEEPA no autoriza la imposición de aranceles. El Brennan Center presentó escritos legales como amicus curiae, resaltando que problemas comerciales prolongados no representan una emergencia y que el uso de esta ley para imponer aranceles viola su propósito original.
¿Autoriza la IEEPA la imposición de aranceles?
La IEEPA fue creada en la década de 1970 para limitar —no ampliar— los poderes presidenciales de emergencia, y solo permite acciones contra amenazas extranjeras concretas, como sanciones económicas, congelación de activos o restricciones a actores hostiles.
Históricamente, ningún presidente ha usado esta ley para justificar aranceles globales, ni siquiera contra naciones aliadas. El comercio internacional y los aranceles siguen un marco legal distinto, donde el Congreso ha delegado ciertos poderes, pero con límites estrictos.
La administración argumenta que la palabra “regular” dentro de la IEEPA incluye la capacidad de imponer aranceles y que los tribunales deberían otorgar deferencia total al Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional. Sin embargo:
Tribunales inferiores han determinado que esta interpretación es demasiado amplia.
El Tribunal de Comercio Internacional advirtió que interpretar la ley como fuente de poder para aranceles globales implicaría una delegación inconstitucional del Congreso.
Además, una lectura expansiva de la IEEPA va en contra de su intención original: impedir abusos del poder presidencial mediante declaraciones de emergencia.
Impacto en la separación de poderes
La Constitución establece que solo el Congreso puede imponer aranceles y regular el comercio internacional. Aunque parte de ese poder ha sido delegado al presidente, la administración Trump evitó explícitamente estos límites al declarar una emergencia y apoyarse en una ley que no menciona aranceles.
La administración también sostiene que los tribunales no pueden revisar si existe una emergencia o si se cumple la condición legal de una “amenaza inusual y extraordinaria”. Si este argumento es aceptado, futuros presidentes podrían:
Declarar emergencias ficticias para actuar sin autorización legislativa.
Evadir leyes que le prohíban explícitamente tomar ciertas medidas.
Gobernar unilateralmente en ámbitos económicos, ambientales, regulatorios o tecnológicos.
Trump ya declaró nueve emergencias nacionales en sus primeros nueve meses de mandato, número mucho mayor que el de cualquier presidente desde que se promulgó la ley.
Posibles resultados de la Corte Suprema
La Corte podría rechazar los aranceles y definir que:
No existe emergencia nacional.
Las desventajas comerciales no constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria”.
La IEEPA no autoriza imponer aranceles bajo ninguna circunstancia.
Otra opción es una decisión limitada que establezca que la ley solo autoriza medidas específicas y proporcionales vinculadas a amenazas extranjeras concretas, no aranceles generalizados.
Ambos escenarios reafirmarían el rol del Congreso y la necesidad de autorización legal explícita para medidas de tal magnitud.
Sin embargo, si la Corte favorece la interpretación de la administración —ya sea permitiendo la imposición de aranceles o impidiendo que los tribunales revisen la existencia de una emergencia— se sentaría un precedente que permitiría a cualquier presidente usar los poderes de emergencia para evitar al Congreso y avanzar su agenda política.
Conclusión
Si un presidente considera que los aranceles globales benefician al país, debe presentar su propuesta al Congreso y someterla al proceso legislativo: debate público, transparencia y responsabilidad ante los votantes. Ese es el diseño constitucional. Otorgar al Ejecutivo la capacidad de imponer aranceles mundiales sin autorización legislativa violaría este principio y alteraría profundamente el equilibrio democrático de poderes en Estados Unidos.
