03/11/2026
opinion | La llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia, dentro del gobierno de Gustavo Petro, fue presentada como un momento histórico para el país. Por primera vez una mujer afrodescendiente alcanzaba uno de los cargos más altos del Estado. Para millones de afrocolombianos aquello no era solamente una victoria simbólica: representaba la esperanza de que las luchas históricas de los pueblos negros finalmente tuvieran una voz real dentro del poder político.
Las expectativas eran enormes. No solo por lo que representaba su historia personal como lideresa social surgida del Pacífico colombiano, sino porque se esperaba que desde la Vicepresidencia se impulsara una agenda firme de transformación para los territorios históricamente abandonados donde viven comunidades negras, indígenas y otros sectores excluidos del desarrollo nacional.
Sin embargo, con el paso del tiempo, esa expectativa comenzó a diluirse. La gestión política de la vicepresidenta ha sido señalada por muchos sectores como débil, distante e incluso desconectada de las mismas comunidades que decían verla como una representante de sus luchas. El Ministerio de la Igualdad y Equidad, creado bajo su liderazgo, terminó siendo objeto de cuestionamientos por su baja ejecución presupuestal y por la falta de resultados visibles que impactaran realmente la vida de los sectores más vulnerables del país.
Más allá del simbolismo político, muchos líderes afrocolombianos comenzaron a preguntarse: ¿dónde quedó la agenda concreta para el desarrollo económico de los territorios negros?
Durante décadas se ha hablado del enorme potencial del Pacífico colombiano, de su riqueza cultural, de sus recursos naturales y de su valor estratégico para el país. Pero ese discurso pocas veces se ha traducido en políticas estructurales que generen desarrollo real: infraestructura, acceso al crédito, fortalecimiento empresarial afro, apoyo a economías comunitarias, educación técnica o industrialización regional.
Muchos esperaban que desde la Vicepresidencia se abrieran esas puertas. Que se impulsaran programas serios de desarrollo territorial, que se fortalecieran los procesos productivos de las comunidades negras y que se construyera una política económica que sacara del abandono histórico a regiones como Chocó, Cauca, Nariño y gran parte del litoral Pacífico.
Pero al mirar el balance político de estos años, para muchos sectores la sensación es clara: ese desarrollo económico prometido nunca llegó con la fuerza necesaria.
Y este debate se vuelve aún más profundo cuando se recuerda que los derechos del pueblo afrocolombiano no surgieron de la benevolencia del Estado, sino de décadas de lucha y resistencia. Desde los palenques que desafiaron la esclavitud, hasta la organización comunitaria que permitió conquistas jurídicas como la Ley 70 de 1993 tras la Constitución de 1991, cada avance ha sido fruto del sacrificio colectivo.
Por eso, cuando una mujer afro llega a la vicepresidencia, la responsabilidad histórica es enorme. No se trata solamente de ocupar un cargo; se trata de honrar una lucha que lleva siglos.
En ese contexto, no son pocos quienes consideran que el papel político desempeñado por la vicepresidenta terminó siendo, en muchos momentos, un papel políticamente débil e incluso ausente frente a los grandes debates del país. Para algunos sectores, su liderazgo terminó proyectando más confrontación en redes sociales que construcción de políticas públicas efectivas.
También ha sido cuestionada la forma en que su figura política se distanció de las bases sociales que durante años protagonizaron las luchas del movimiento afrocolombiano. Muchos sienten que nunca se construyó una relación real de trabajo conjunto con las comunidades para impulsar soluciones estructurales.
Esto abre una reflexión más profunda para el movimiento afro en Colombia. La representación política, por sí sola, no garantiza transformación social. Llegar al poder implica también prepararse para ejercerlo: comprender la administración pública, dominar las herramientas del Estado, construir equipos técnicos sólidos y saber convertir los discursos en políticas concretas.
El Estado no se administra solamente con símbolos; se administra con conocimiento, capacidad de gestión, visión económica y responsabilidad política.
Para los pueblos negros del país esta experiencia también deja una enseñanza importante. La lucha por la dignidad, la representación y el poder político debe ir acompañada de procesos de formación, cualificación y preparación para gobernar. Porque cuando una persona afrodescendiente llega a un cargo de alto nivel, no solo representa su nombre propio: representa la historia y la dignidad de un pueblo entero que ha tenido que luchar el doble para ser reconocido.
Ser afro en la política colombiana implica una responsabilidad histórica aún mayor. Significa demostrar que la lucha contra la exclusión también se traduce en capacidad de liderazgo, en gestión eficiente y en resultados concretos para nuestras comunidades.
Las luchas del pueblo negro en Colombia no comenzaron con este gobierno ni terminarán con él. Son luchas que vienen desde la resistencia contra la esclavitud, desde los territorios del Pacífico olvidado, desde los consejos comunitarios que defienden la tierra y desde cada líder social que, muchas veces en silencio, sigue defendiendo la dignidad de su gente.
Por eso el debate sobre la Vicepresidencia de Francia Márquez no debería limitarse a la polarización política. Debe servir también como un llamado profundo a la conciencia del movimiento afrocolombiano: la representación debe ir acompañada de preparación, compromiso real con las comunidades y una visión clara de desarrollo para nuestros territorios.
Porque el verdadero triunfo del pueblo negro no es solamente llegar al poder.
El verdadero triunfo será transformar ese poder en desarrollo, dignidad y oportunidades reales para nuestra gente.
