10/10/2025
🇵🇪 Destitución de Dina Boluarte: Perú sacudido por una ola de violencia y colapso político
Bajada:
El Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte tras un ataque armado contra el grupo Agua Marina en Lima. El hecho, que dejó cinco heridos, expuso el poder del crimen organizado y precipitó una crisis institucional que llevó al país a un nuevo vacío de poder.
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Un atentado que aceleró la caída
La noche del 8 de octubre de 2025, el grupo de cumbia Agua Marina se presentaba en el Círculo Militar de Chorrillos, en Lima, cuando una ráfaga de disparos interrumpió el concierto. Los asistentes corrieron despavoridos mientras los músicos se lanzaban al suelo.
Minutos después, la Policía confirmó que los atacantes abrieron fuego desde una motocicleta y dejaron cinco personas heridas, entre ellas cuatro integrantes de la banda.
El ataque, ocurrido en un recinto militar sin autorización oficial para eventos masivos, desató un escándalo de proporciones. La escena se convirtió en símbolo de la pérdida de control del Estado frente a la delincuencia organizada, en un país donde las extorsiones, secuestros y asesinatos ligados al crimen común se multiplicaron en los últimos meses.
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La respuesta política: destitución inmediata
Apenas 24 horas después del atentado, el Congreso del Perú se reunió de urgencia. En una sesión maratónica y cargada de tensión, el Pleno aprobó cuatro mociones de vacancia por “incapacidad moral permanente” contra la presidenta Dina Boluarte.
Las mociones, impulsadas por bancadas opositoras y respaldadas incluso por antiguos aliados del gobierno, obtuvieron entre 113 y 118 votos, muy por encima de los 87 necesarios para destituirla.
Boluarte no asistió al debate ni ejerció su defensa. Su abogado, Juan Carlos Portugal, aseguró que no hubo garantías procesales y que la mandataria no planea buscar asilo político, aunque fuentes legislativas pidieron impedirle salir del país mientras enfrenta procesos judiciales abiertos.
La decisión del Congreso fue inmediata: Boluarte fue apartada del cargo, y el presidente del Congreso, José Jerí, decide si queda como encargado provisional del Ejecutivo o si renuncia y se busca a otro candidato para ser presidente, en medio de un clima de rechazo ciudadano y protestas frente al Parlamento.
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Crimen, corrupción y desconfianza
La destitución de Boluarte no fue un hecho aislado. Su gobierno venía marcado por acusaciones de corrupción, falta de liderazgo y una ola de violencia urbana sin precedentes.
Durante su gestión, Lima y otras regiones del país vivieron un aumento récord de extorsiones y asesinatos vinculados a mafias locales y bandas extranjeras.
En marzo de 2025, el cantante Paul Flores, de la agrupación Armonía 10, fue asesinado tras recibir amenazas por negarse a pagar extorsiones.
En julio, la Policía descubrió una red de “cobradores” del crimen organizado que operaba en el transporte público.
En agosto, un fiscal fue ejecutado en plena calle en el Callao.
Pese a los reiterados anuncios de mano dura, los índices de criminalidad continuaron en ascenso. Según cifras del Ministerio del Interior peruano, los homicidios aumentaron un 27% en el último año, y las denuncias por extorsión se triplicaron.
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Los casos que mancharon al gobierno
A los problemas de seguridad se sumaron investigaciones por enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
Boluarte fue investigada por el llamado “Caso Rolex”, por la posesión de relojes de lujo no declarados, y por el caso “Los Waykis en la Sombra”, una presunta red de corrupción que involucraba a su hermano Nicanor Boluarte y otros funcionarios cercanos.
Ambos escándalos minaron su popularidad: las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) la situaban con apenas 7% de aprobación antes del atentado de Chorrillos, la cifra más baja desde el retorno a la democracia en 2001.
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Una democracia en crisis permanente
Con la salida de Boluarte, el Perú suma seis presidentes en apenas siete años, un récord que refleja la fragilidad institucional del país andino.
La destitución reabre el debate sobre la vacancia por incapacidad moral, una figura constitucional utilizada de forma reiterada por el Congreso para remover mandatarios, sin que existan mecanismos de estabilidad política.
Analistas advierten que la nueva administración interina de José Jerí enfrenta dos desafíos inmediatos: frenar la violencia y convocar elecciones anticipadas que devuelvan legitimidad al sistema político.
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Reacciones y consecuencias
Organismos internacionales como la OEA y la ONU llamaron a garantizar la sucesión constitucional y evitar el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones.
Desde Lima, la BBC News Mundo y Infobae reportaron concentraciones espontáneas frente al Congreso y al Palacio de Gobierno, donde ciudadanos exigían “orden y elecciones ya”.
En las redes sociales, artistas peruanos expresaron solidaridad con Agua Marina y repudio a la violencia: “Si atacan a nuestros músicos, atacan al país entero”, escribió el cantante Christian Yaipén, de Grupo 5.
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Perspectiva inmediata
El nuevo presidente del Congreso, José Jerí, deberá asumir el mando en las próximas horas, aunque enfrenta denuncias de corrupción y acoso sexual, lo que anticipa más tensiones.
Mientras tanto, Boluarte podría ser investigada penalmente por presunto encubrimiento y enriquecimiento ilícito.
Con la destitución consumada, Perú se enfrenta a una doble crisis: la del crimen que domina las calles y la de la política que perdió el rumbo.
