07/08/2026
Australia fue el primer país del mundo en prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. La ley entró en vigor en diciembre de 2025. El proceso que Rodrigo Goñi impulsa en Uruguay cita expresamente a Australia como referencia. El 3 de agosto de 2026 — hace dos días — el organismo oficial que reguló esa ley publicó sus propios resultados.
Son devastadores.
Lo que dice el regulador que impulsó la ley
eSafety, el organismo australiano de seguridad en internet, midió el impacto de la prohibición tres meses después de su entrada en vigencia. Sus hallazgos, publicados esta semana:
Antes de la ley, el 86% de los menores de 10 a 15 años usaba al menos una plataforma restringida. Tres meses después, esa cifra sigue siendo más del 81%. La frecuencia de uso diario era del 60% antes de la prohibición. Tres meses después: 58%.
El propio eSafety lo reconoce: "La mayoría de los menores de 16 años que tenían cuentas en redes sociales antes de la entrada en vigencia pudo retenerlas o crear nuevas al tercer mes, siendo la falta de implementación de medidas efectivas de verificación de edad por parte de las plataformas la principal razón."
En traducción directa: la ley existe, las plataformas no la cumplen, los adolescentes siguen como antes.
Cómo se elude la ley en la práctica
Los métodos documentados no sorprenden a ningún adolescente: cuentas registradas a nombre de personas mayores, cuentas falsas con edad modificada, navegadores privados. Algunos usan VPNs. El regulador lo sabe. Lo publicó.
El resultado concreto es el opuesto al buscado: el uso pasó a ser clandestino. Los adolescentes siguen en las mismas plataformas, pero ahora fuera de la vista de sus padres. Menos supervisión, no más.
La respuesta del gobierno: llamar al fracaso un logro
Cuando los datos salieron a la luz, el ministro Andrew Leigh defendió la ley con este argumento: "Nunca esperamos un cumplimiento del 100%. No lo tenemos con la edad mínima para consumir alcohol, y aun así es apropiado que esa ley esté vigente."
Es decir: el gobierno australiano admitió que la ley no funciona y la comparó con otra ley que tampoco funciona del todo, presentando ambas como éxitos. Es el estándar mínimo del Estado moderno: si la intervención no produce el resultado prometido, se redefine el éxito.
El gobierno australiano multiplicó los datos de sus propios ciudadanos
Para implementar la prohibición, las plataformas debieron verificar la edad de sus usuarios. Eso implica recolectar datos de todos — no solo de los menores. Al 16 de enero de 2026, las plataformas habían revocado el acceso a 4,7 millones de cuentas identificadas como de menores. Para identificar esas 4,7 millones de cuentas, tuvieron que procesar los datos del resto.
La infraestructura de vigilancia se construyó. Los adolescentes la sortearon igual.
Lo que Uruguay está por hacer
El Documento Base de la Consulta Pública que Goñi impulsa en Uruguay cita el modelo australiano como referencia de análisis. El proceso está diseñado para desembocar en legislación — el propio Goñi lo dijo en Búsqueda el 10 de abril de 2026.
Australia aplicó el modelo primero. El regulador que lo implementó publicó sus propios resultados esta semana: un 81% de uso sostenido, frecuencia casi idéntica, clandestinidad aumentada y menos supervisión parental.
Uruguay busca importar esa ley. Los resultados ya están documentados.
El gobierno australiano prometió proteger a sus menores de las redes sociales. Tres meses después, el 81% de ellos sigue ahí. La diferencia es que ahora lo hacen sin que sus padres lo vean. Goñi quiere ese modelo para Uruguay. Los resultados están publicados por el propio organismo que los midió. No hay que especular sobre lo que pasará: ya pasó.
