29/09/2025
HASTA 36 AÑOS DE PRISIÓN PODRÍA ENFRENTAR DANIEL SILVA ORREGO EX-VEEDOR DE PEREIRA POR DELITOS PENALES Y DISCIPLINARIOS
En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presuntamente estaría adelantando una investigación que habría derivado en una orden de captura contra el exdiputado de Risaralda, Daniel Silva Orrego, por su presunta vinculación en los delitos de enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
De acuerdo con la investigación en curso, Silva Orrego, abogado pereirano que fue diputado en Risaralda entre 2020 y 2023, y que también fue aspirante a la Gobernación del departamento y veedor, estaría involucrado en acciones que presuntamente configuran los delitos imputados. Si se llegaran a comprobar los cargos, el exdiputado enfrentaría p***s de entre 16 y 36 meses de prisión, además de una inhabilidad de hasta 80 meses para ejercer cargos públicos.
De otro lado, el delito de enriquecimiento ilícito por incremento patrimonial injustificado, las p***s podrían oscilar entre 9 y 15 años de prisión junto con multa, mientras que por concierto para delinquir las condenas van de 48 a 108 meses, que se incrementarían por su condición de servidor público y según el nivel de las pruebas que se sigan recaudando. No obstante, el caso aún no ha sido oficializado públicamente, pues presuntamente Silva Orrego habría intentado frenar la difusión de cualquier información relacionada con el proceso, aprovechando su cargo al parecer en el gobierno del Cambio como Superintendente Delegado para la Gestión en la Supersubsidio.
La investigación contra Silva Orrego es un nuevo capítulo en la larga lista de casos de corrupción que han golpeado a la política regional de Risaralda. No es la primera vez que su nombre aparece vinculado a procesos disciplinarios pues en 2017, la mesa directiva del Concejo de Dosquebradas solicitó al Consejo Superior de la Judicatura, seccional de Pereira, una investigación disciplinaria en su contra. Dicho requerimiento fue remitido en su momento por el Concejo a la Fiscalía General de la Nación, lo que evidencia que los cuestionamientos sobre su conducta vienen de vieja data.
Siguen apareciendo abanderados y representantes del gobierno nacional en hechos que comprometen la legalidad y la ética pública, mientras se valen de sus cargos para intentar silenciar procesos judiciales y frenar la verdad. Sin duda, la presencia de funcionarios señalados en procesos judiciales no solo debilita la credibilidad institucional, sino que también envía un mensaje de impunidad frente a la corrupción y el abuso del poder. Todo esto ocurre mientras los colombianos siguen esperando respuestas claras, sanciones ejemplares y un verdadero compromiso del gobierno nacional en la lucha contra la corrupción.
